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LA SEMANA QUE VIENE SE DEBATIRÁ EL PROYECTO DE LEY QUE BUSCA, ENTRE OTROS PUNTOS, AGILIZAR LOS DESALOJOS
* 17 de abril de 2026
* 13:00
* 5 minutos de lectura
Gervasio Muñoz, representante de Inquilinos Agrupados, ha expresado su preocupación ante el nuevo proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el Gobierno. La agrupación ha destacado que esta iniciativa propone un esquema de “desalojos rápidos” sin precedentes en la región.
“El proyecto establece el régimen de desalojo más agresivo de América Latina”, afirmó Muñoz, tras un análisis comparativo con legislaciones de países como Brasil, Uruguay, Perú, España, El Salvador y Paraguay. Según el informe de la organización, ningún país combina plazos tan cortos con un nivel tan bajo de garantías para el inquilino.
La iniciativa, presentada el 27 de marzo, comenzó a debatirse en un plenario de comisiones en el Senado. Sin embargo, el oficialismo aseguró que no habrá dictamen hasta la próxima semana. Este proyecto, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, busca eliminar restricciones ilegítimas al derecho de propiedad, fortalecer su protección y promover la seguridad jurídica.
Uno de los puntos centrales de la propuesta impacta directamente en los desalojos, buscando que sean más rápidos y simplificando los trámites registrales.
El texto del proyecto establece que todos los procesos, tanto por falta de pago como por intrusión o toma de inmuebles, se tramitarán mediante juicio sumarísimo, el procedimiento más rápido del sistema judicial argentino. Para ello, se modificarán artículos del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y del Código Civil y Comercial de la Nación.
Los principales cambios propuestos incluyen:
* Se implementa el juicio sumarísimo: todos los procesos se tramitarán mediante juicio sumarísimo, el procedimiento más rápido del sistema judicial argentino.
* La intimación de pago es a tres días corridos: en caso de incumplimiento en el pago de alquiler, el propietario deberá enviar una notificación otorgando un plazo de tres días para que el inquilino pague la deuda (actualmente, el plazo es de 10 días).
* La restitución puede ser anticipada en casos de intrusión: el juez podrá devolver la tenencia al propietario antes de que se dicte la sentencia final, una vez que la demanda haya sido notificada oficialmente.
* La restitución también puede ser anticipada en casos de falta de pago o vencimiento de contrato: el demandante deberá presentar una caución juratoria y el trámite seguirá los plazos rápidos del juicio sumarísimo.
* Se limitan las pruebas en los juicios: solo se admitirá la prueba documental y pericial en juicios por falta de pago o vencimiento de plazo, buscando evitar demoras.
Para la agrupación, este combo configura un cambio de reglas que inclina la balanza de manera decisiva hacia los propietarios. Principalmente, no hay una “segunda oportunidad”: no se contempla la posibilidad de frenar el desalojo pagando la deuda. Muñoz enfatizó: “El Gobierno quiere que se vote una ley en donde si una familia se atrasa tres días en el pago del alquiler, es desalojada de inmediato”.
El cuestionamiento de esta ley va más allá del plano legal y se relaciona con el contexto económico y la dinámica actual del mercado de alquileres. Según Muñoz, se está configurando un “combo letal” para los inquilinos: contratos más cortos, condiciones más flexibles para los propietarios y un deterioro del ingreso real en un escenario de mayor precarización laboral.
En paralelo, anticipó un escenario de ida y vuelta regulatorio: “Cuando esto genere consecuencias, otro gobierno va a tener que volver a impulsar una ley de alquileres”. Mientras el Gobierno busca acelerar los desalojos como señal hacia los propietarios, los inquilinos advierten que el costo social puede ser inmediato.
Fuente: LA NACION